A partir de 2010, la discusión sobre una Ley General de Protección de Datos comienza a surgir en Brasil con dos Consultas Públicas de un proyecto del Ejecutivo, proyectos de ley (PLs) en la Cámara de Diputados y en el Senado y el surgimiento de innumerables foros que echan luz sobre un tema hasta entonces en segundo plano.

Tras la destitución de la presidenta Dilma Rousseff, el Anteproyecto manejado por seis años en el Ejecutivo llega a la Cámara y pasa a ser objeto de una Comisión Especial encabezada por los diputados Bruna Furlan y Orlando Silva, quienes agilizan la tramitación de la materia.

Una serie de factores crea la conjunción perfecta para la aprobación de la Ley General de Protección de Datos. Este escenario se traduce en una “carrera de caballos” entre los proyectos que tramitan por el Senado, favorecido por el Gobierno Temer, y la Cámara, que tuvo una participación más significativa de diferentes sectores de la sociedad.

Luego de la aprobación de la LGPD, 2019 vio la discusión volverse hacia la Autoridad Nacional de Protección de Datos, cuyo formato propuesto por la Medida Provisional MP 869/18 no trajo la autonomía y la independencia de acción deseada por todos los actores involucrados en la discusión de la Ley.

Desde que el Ministerio de Justicia presentó el primer Anteproyecto de Ley en 2010 hasta el final del proceso legislativo en 2019, el contenido de la Ley General de Protección de Datos ha sufrido innumerables transformaciones, mejoras y ha dejado algunas oportunidades de modernización en el camino.